Imágenes: Pixabay.com / Neil Palmer / CIAT - Wikimedia.org
El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley de Delitos Ambientales, una iniciativa que busca fortalecer las medidas para salvaguardar el patrimonio natural colombiano y frenar la deforestación que afecta al país. Luego de cumplir y aprobar los cuatro debates, la iniciativa pasa a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
El proyecto busca modificar el Código Penal en su título de Delitos Ambientales, incluyendo nuevos crímenes contra el medio ambiente para que sean penalizados, como la promoción y financiación de la deforestación, el tráfico de fauna y la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica, entre otros. (Ganadero se convirtió en el protector del jaguar, especie en riesgo de extinción)
Los tres delitos que mayormente afectan el ambiente en Colombia son: la deforestación, la apropiación ilegal de los baldíos de la Nación y el tráfico de fauna.
Uno de los principales y más importantes cambios que propone la ley es la tipificación del delito de la deforestación, para castigar a quien sin permiso de una autoridad competente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural o manglar.
Frente a la apropiación ilegal de territorios baldíos, un caso muy común en regiones que comparten la selva amazónica, el proyecto de ley espera penalizar la apropiación, usurpación, acumulación de territorios para la expansión ilegal de la frontera agrícola, para ganadería extensiva, cultivos de uso ilícito y explotación minera ilícita. (El 91% de los territorios de pueblos indígenas están ecológicamente en buen estado)
Respecto al tráfico de fauna, en Colombia, que es el segundo país más biodiverso del mundo, lamentablemente esta industria es la tercera actividad ilegal más grande después del narcotráfico y la trata de personas por lo que se busca frenarla.
El proyecto también crea el concepto de ecocidio que hace referencia al daño masivo y la destrucción generalizada grave y sistémica de los ecosistemas y contempla para ello, penas de prisión que van desde los cinco hasta once años y medio y multa de 167 a 18.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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