Imagen: Facebook @uexternado y Wikipedia.com
Muchas personas necesitan acceder a diferentes tipos de créditos para poder financiar sus estudios, siendo Icetex uno de los más usados por todos los colombianos.
Según informes de esta misma entidad, en 2018 se beneficiaron más de 636 mil estudiantes con este préstamo, superando en más de 50 mil las personas en comparación con el año anterior.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que recurren al Icetex para poder financiar sus estudios son de escasos recursos, se ha decidido iniciar un proyecto de ley que permita eliminar el cobro de intereses a las personas más afectadas.
Las personas encargadas de radicar este proyecto fueron los congresistas Gustavo Bolívar, Antonio Sanguino y María José Pizarro, quienes buscan que las personas más necesitadas tengan mayores facilidades para acceder a la educación superior.
De aprobarse esta iniciativa, se aplicará la eliminación de los intereses a los créditos que se adquieran después de la promulgación de esta ley.
Además, todas las instituciones educativas de pregrado y posgrado del país o del exterior que estén acreditadas por el Ministerio de Educación deberán acatar esta normativa.
De llegar a ser ley de la República, el único requerimiento que necesita la persona que quiera ser acobijada por esta eliminación de intereses es que se compruebe su presencia en niveles de 1, 2 o 3 del Icetex, de igual manera poder determinar que ha sido víctima del conflicto armado.
Entre las características que radica esta iniciativa está el de cobrar interés cero a estas personas, por lo cual se pagará el valor exacto de la matrícula sin ningún beneficio para la entidad prestante.
De igual manera, la propuesta incluye el pago gradual del préstamo solicitado, de manera que no afecte económicamente a la persona que cumple con todos estos requerimientos.
“Se garantizará en los créditos educativos otorgados por el Icetex, la existencia de un sistema de financiación, que permita al estudiante el pago del dinero prestado de tal forma que no afecte su patrimonio y se encuentre acorde a su capacidad de pago y su poder adquisitivo. El Gobierno Nacional reglamentara la materia, con la participación de la Superintendencia Financiera de Colombia”, así lo estableció la propuesta presentada.
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