Colombia aprueba el Acuerdo de Escazú

Este proyecto busca velar por los derechos de los defensores ambientales y garantizar el acceso a la información relacionada con la biodiversidad.

Después de un último debate en el Congreso de la República, la Corte Constitucional desarrollará un examen de si el Acuerdo de Escazú va acorde a los mandatos de la constitución. Por su parte, el Ministerio de Ambiente anunció la creación de un plan de emergencia para la protección de defensores ambientales, explicando que se trataba del inicio de su implementación.

El acuerdo, actualmente, cuenta con tres objetivos principales: el acceso a la información en cuanto a contratos y proyectos que de alguna forma puedan afectar territorios y comunidades, las garantías de la participación pública en la toma de decisiones ambientales y la justicia y protección de defensores ambientales. (Lanzan en Colombia doctorado en Estudios Ambientales, alternativa a desafíos del cambio climático)

Según la ONG Global Witness, para el año 2021, en el país, fueron asesinados en total 33 líderes ambientales, lo cual posiciona a Colombia como la segunda nación más insegura, después de México y antes de Brasil. (Latinoamérica y el Caribe cuentan con la mayor cantidad de áreas protegidas en el mundo)

Después de la ratificación, se desarrollarán unas mesas de diálogo en las que participaran las comunidades, la sociedad civil y la academia, con el fin de aterrizar el acuerdo y las acciones que se desarrollarán para cumplir sus objetivos. Además, se ejecutarán dos líneas con el fin de implementarlo, la primera a través de la reglamentación de sectores y actividades productivas como el sector minero, energético, el sector de transporte, entre otros; mientras que la segunda será a través de unas líneas temáticas en las que se integra el agua, el cambio climático y los bosques.

Entre las estrategias, Escazú entrará a fortalecer los planes de ordenamiento y manejo de cuenca y además, realizar la actualización de los nodos regionales en los temas establecidos.

Detrás del acuerdo, se encuentra una amplia alianza entre la ONG Ambiente y Sociedad, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, WWF, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y de justicia, ha formulado dos líneas para implementarlo.

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