El lunes 25 de enero de 1999 a la 1:19 pm ocurrió un terremoto de 6,2 grados que obligaron a los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas a repensar sus economías y buscar nuevas opciones. El turismo, agroindustria, confecciones, guadua y conocimiento abrieron el camino hacia la reconstrucción de ciudades y comunidades.
Aunque desde 1995 se venían haciendo estudios para incluir una norma de sismoresistencia en las leyes de construcción del país, el terremoto de 1999 fue la advertencia para que empezara a funcionar con control y regularidad. De esta forma se empezaron a generar normas que fueron evolucionando hasta llegar a la NSR-10, que contiene el más completo contenido en materia de requisitos mínimos que garantizan el fin primordial de la norma en su conjunto previsto en la Ley 400 del 97: amparar las vidas humanas ante un sismo fuerte y proteger en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos.
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