Imagen: Facebook/ejercitodeColombia
En Colombia, varias organizaciones han propuesto desmontar el servicio militar obligatorio a través de proyectos de ley, referendos y demandas ante la Corte Constitucional. Aunque se ha avanzado en temas como la prohibición de las batidas o la disminución del tiempo de servicio, ante el Congreso de la República se presentó un proyecto que busca crear una alternativa a este servicio.
La propuesta fue elaborada por la senadora del partido Alianza Verde, Sandra Ortiz. Se trata de tener un servicio agrario y ambiental en el que los jóvenes podrán trabajar por el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la protección de los bosques. De ser aprobada, la nueva norma establecería que los colombianos están obligados a tomar las armas cuando sea necesario, excepto quienes estén excluidos legalmente, ejerzan el derecho a la objeción de conciencia o hayan prestado el servicio agrario y ambiental. (Papás, se regulará el uso de teléfonos celulares en los colegios del país)
El servicio agrario y ambiental nace como una necesidad y a la vez una oportunidad para que las y los jóvenes colombianos puedan prestar un servicio al campo. Esta iniciativa contempla que tanto hombres como mujeres puedan presentarse de manera voluntaria para definir su situación militar como reservistas de primera o segunda clase, a partir de la fecha en que cumplan su mayoría de edad y hasta sus 50 años, explicó la parlamentaria. (Las 21 noticias más positivas del año ¡Cambiaron al mundo!)
Otro de los objetivos del proyecto es disminuir el abandono de la ruralidad colombiana, que viene creciendo desde hace casi 80 años. Según el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, para el año 2050 la población rural juvenil colombiana, en comparación con el total de habitantes del campo, se reducirá por lo menos 20%. (Se garantizará reconstrucción de ambos senos a víctimas de cáncer de mama)
Quienes presten el servicio agrario y ambiental tendrían los mismos beneficios que reciben los jóvenes que entran al servicio militar, como una bonificación salarial de hasta el 30 por ciento del salario mínimo mensual vigente, descuentos, líneas de crédito y capacitaciones.
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