Imagen: corteconstitucional.gov.co
Después de varias semanas de discusión en la Corte Constitucional, este organismo determinó que la caza deportiva de fauna silvestre quedó prohibida en todo el país. Esta determinación empezará a regir a partir del próximo año (2020).
Este alto tribunal tumbó algunos apartes del Estatuto de Protección Animal de 1989 y del Decreto Ley 2811 de 1974, el cual permitía algunos costos de caza y determinaba diferentes zonas del país en donde esta práctica era permitida.
La iniciativa fue impulsada por Laura Juliana Santacoloma Méndez, quien alegó en su momento que la caza deportiva no defendía los principios de solidaridad y dignidad, sino que por el contrario reducían a los animales a un “mero negocio”.
“En el marco del límite de los derechos que le serían propios a los animales de existir y no sufrir sin razones moralmente injustificadas, la caza deportiva implica un abuso de derechos”, recitaba la demanda que fue instaurada en su momento.
Dicha demanda fue apoyada en su momento por el procurador general, Fernando Carrillo, el cual le argumentó a la Corte Constitucional que no existía ninguna justificación para poder realizar la caza deportiva.
“La muerte, tortura y mutilación de los animales exclusivamente para recrear al ser humano”, dijo Fernando Carrillo al alto tribunal del país.
“Un país amigable con los animales”, es el lema con el que el Gobierno busca prohibir la caza deportiva. Así lo manifestó el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, a través de un comunicado en el que pide a la Corte Constitucional que manifieste su rechazo ante esta actividad.
Gracias a un trabajo conjunto entre el ministerio de ambiente, salud, agricultura e interior, incluyeron por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo una política nacional de protección y bienestar de animales domésticos y silvestres.
Con esta política se busca promover la tenencia responsable, el manejo de animales abandonados y maltratados. Además, la asistencia integral y la prevención del maltrato, con el fin de erradicar en el país toda forma de violencia, crueldad, tráfico y comercio ilegal de animales.
En septiembre de 2018, la Procuraduría envió un concepto a la Corte Constitucional pidiendo que se declare la caza deportiva como inconstitucional. En su concepto, la entidad también argumentó que la caza deportiva no se justifica en razones de subsistencia, ni de control poblacional de las especies.
Además, para el órgano de control, matar a un animal por recreación es desconocer los progresos alcanzados en materia de protección ambiental en el país. Las normas que reglamentan esa actividad son contrarias a la dimensión ecológica de la Constitución Política de 1991.
La Corte tuvo en cuenta las posturas de la Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia. También del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales de la Universidad Nacional que piden tumbar la caza deportiva.
Entre sus argumentos estaban que se desconocen el deber ciudadano de no abusar de los propios derechos, proteger los recursos naturales del país y velar por un ambiente sano.
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