Imagen: Twitter @Ambientebogota
Después de recorrer más de 800 kilómetros entre Bogotá y la Reserva Natural de la Sociedad Civil Bojonawi, en el departamento del Vichada, la Alcaldía de Bogotá liberó un ocelote que había sido recuperado el 11 de febrero de 2017 en la localidad de Suba, luego de ser víctima del tráfico ilegal de fauna silvestre.
Con la presencia del secretario de Ambiente, Francisco Cruz y de la directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, el felino fue liberado en el Vichada, donde disfruta de más de 4.680 hectáreas de la reserva natural Bojonawi.
El ocelote fue transportado vía aérea desde Bogotá hasta Puerto Carreño. Durante el recorrido, profesionales en veterinaria y zootecnia de la Secretaría de Ambiente, del Instituto de Protección y Bienestar Animal, y de la Fundación Omacha, brindaron hidratación, alimentación y acondicionamiento del animal para ser introducido de nuevo en su hábitat natural.
El animal superó satisfactoriamente varios procesos de recuperación: el primero se adelantó durante nueve meses en el Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, ubicado en la localidad de Engativá. En el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas, en el municipio de Victoria, en este lugar se adelantaron trabajos que permitieron estimular las condiciones físicas y comportamentales del animal.
Después de varios meses de trabajo, el ocelote fue enviado a la Reserva Natural de Bojonawi, donde investigadores científicos y locales de la Fundación Omacha, se integraron al equipo de profesionales de la Alcaldía de Bogotá, que cuidó de la alimentación y bienestar del animal. Además, lograron adecuar el recinto donde se preparó al ocelote para su liberación dentro la reserva.
La Alcaldía de Bogotá hace un llamado especial a la ciudadanía para que se abstenga de tener o comercializar cualquier tipo de especie silvestre, recordando que este acto está catalogado como un delito ambiental, según la Ley 1333 de 2009, y acarrea multas de hasta $3.600 millones, además, el Código Penal contempla penas de hasta 108 meses de prisión.
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