En Colombia se ha venido manejando paulatinamente la transición de las facturas físicas a su versión electrónica. La iniciativa fue aprobada en 2015, pero tuvo dos años de adaptación para ponerse en funcionamiento.
Este sistema se empezó a implementar para los contribuyentes que están obligados a pagar impuestos a la renta (IVA) y el tributo al consumo. Por su parte, también podrá ser aplicado en los pagos de nómina, exportaciones e importaciones.
Dicha medida fue impulsada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el cual buscó tener un mayor control fiscal sobre el cobro de los impuestos en el país y tener mayores facilidades para reducir la evasión tributaria.
Esta ley señala que a partir del 1 de julio de 2019 todas las personas y empresas que estén obligadas a facturar de manera electrónica y no lo cumplan en esta fecha serán sancionadas económicamente e incluso la clausura del negocio.
El único motivo por el cual no recibirán esta sanción será si demuestran tener problemas tecnológicos o razones de inconveniencia comercial que no les permitan poner en marcha esta iniciativa.
La implementación de la factura electrónica a partir de 2019 se hará para las personas que estén en el primer grupo contribuyente del país. Sin embargo, la Dian calcula que alrededor de 450.000 empresas (entre comerciantes y personas naturales) deberán asumir esta facturación a partir del primero de enero del año 2020.
Esto es debido a que quedó establecido que las personas que no pertenezcan al primer grupo de contribuyentes tendrán que realizar este cambio paulatinamente durante todo el 2019.
Por este motivo, el ideal es que a partir del segundo semestre de 2019 todas las personas que tengan como obligación facturar empiecen a realizar este cambio transitoriamente.
Muchos comerciantes del país se han visto optimistas con la implementación de la factura electrónica en el país. Esto debido a que esta transacción se podrá hacer de una manera más efectiva y con mayor control y menor informalidad en Colombia.
Otro aspecto que es valorado por las personas que tienen que empezar a implementarlas es el valor ecológico, ya que esto ayuda a la protección del medio ambiente.
“La factura digital debe conducir, además, a un menor consumo de papel, energía, tinta y otros costos asociados a la impresión y la elaboración del recibo tradicional”, aseguró Rosmery Quintero Castro, presidenta de Acopi (organización que agrupa a cerca de 10.00 empresas del país), para el diario Portafolio.
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