En una decisión histórica, el Senado de la República de Colombia aprobó por unanimidad la propuesta de que la matrícula para realizar un pregrado en instituciones públicas de educación superior en todo el país sea completamente gratuita.
Esta medida, que aún requiere el aval de los Ministerios de Hacienda y Educación, así como la sanción presidencial para convertirse en ley, beneficiará a todos los estudiantes del país sin distinción ni causal de exclusión alguna.
La iniciativa, presentada por la senadora María José Pizarro, contó con el respaldo del Ejecutivo, del movimiento estudiantil y del profesorado, quienes participaron activamente en la formulación del articulado. Esta propuesta surge como respuesta a las demandas de gratuidad de la educación que se manifestaron durante el estallido social en el país en 2020, especialmente en relación con el costo de la matrícula.
La financiación de esta medida estará a cargo del Gobierno Nacional a través del Presupuesto General. Los recursos necesarios para cubrir el costo de la matrícula serán girados por las entidades territoriales directamente a las universidades, de manera independiente a los presupuestos que ya han sido establecidos a nivel nacional. (Shakira ayudará a más de 1.000 niños Wayuú con su educación)
El programa tiene como objetivo principal disminuir la deserción académica, promoviendo medidas y estrategias que garanticen la permanencia y finalización de los procesos formativos de cada estudiante.
Además, se priorizará a grupos poblacionales en condiciones vulnerables, como las víctimas del conflicto armado registradas en la Unidad para las Víctimas, comunidades étnicas, indígenas, raizales, afrodescendientes, palenqueras, personas con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes egresados de colegios con bachillerato en zonas rurales del país.
Es importante destacar que el documento no menciona que los niveles de priorización estén sujetos a los estratos socioeconómicos a los que pertenezca el estudiante. Sin embargo, el Ministerio de Educación será el encargado de establecer los requisitos para que los estudiantes que accedan a este beneficio puedan continuar haciéndolo en el tiempo.
Asimismo, se establecerán medidas para aquellos que decidan abandonar o no concluir sus procesos de formación.
La aprobación de esta propuesta representa un paso significativo hacia la democratización de la educación en Colombia y el acceso equitativo a oportunidades de formación superior. Una vez que se obtenga el respaldo de los Ministerios y la sanción presidencial, se espera que esta medida transformadora se convierta en una ley que beneficie a miles de estudiantes en todo el país, allanando el camino hacia un futuro más inclusivo y próspero.
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