La Corte Constitucional declaró como inconstitucionales las normas que autorizan la caza deportiva en el país. Aunque la sentencia se estableció en febrero de 2019, entró en vigencia hasta el 21 de agosto de 2020, fecha desde la cual, todo acto de caza en Colombia, será juzgado penalmente.
La iniciativa fue impulsada por Laura Juliana Santacoloma Méndez, quien alegó en su momento que la caza deportiva no defendía los principios de solidaridad y dignidad, sino que por el contrario, reducían a los animales a un negocio. La demanda fue apoyada por el exprocurador general, Fernando Carrillo, el cual le argumentó a la Corte Constitucional que no existía ninguna justificación para poder realizar la caza deportiva. (El Parque Nacional Natural los Nevados fue declarado sujeto especial de derechos)
La decisión ha marcado sin lugar a duda, un punto trascendental, pues no solo se trata de salvaguardar la vida e integridad de las especies animales, sino de apelar por la defensa del ambiente y los ecosistemas colombianos que son fuente de vida.
“El sacrificio de la vida de un ser vivo por el hombre es una forma extrema de maltrato en cuanto elimina su existencia misma y es un acto de aniquilamiento. Cuando es injustificada, la muerte de un animal es un acto de crueldad pues supone entender que el animal es exclusivamente un recurso disponible para el ser humano. La caza deportiva, en fin, es un acto dañino en cuanto está dirigida a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos”. Así lo indica la Sentencia C-045/19
Colombia ha tenido grandes avances en materia legal de protección animal, sin embargo, aún falta establecer un marco normativo para la protección de los animales.
Dentro de la fauna más afectada por esta práctica se encontraban especies mayores como el jaguar y la danta, especies medianas como: ciervo, armadillo, pecarí y primates, especies menores como: guguas, liebres, picures y conejos, y aves como: el paujul, gualilo, pava, torcaza y tórtola.
Antes de tomar la decisión, la Corte tuvo en cuenta las posturas de la Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia. También del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales de la Universidad Nacional que piden tumbar la caza deportiva.
Entre sus argumentos estaban que se desconocen el deber ciudadano de no abusar de los propios derechos, proteger los recursos naturales del país y velar por un ambiente sano.
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